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CIUDAD REAL DEL SIGLO XIX
PROPIEDAD Y DESAMORTIZACION
Una de las claves para entender la España del siglo XIX y aun la de nuestro siglo es el conjunto de nacionalizaciones y posteriores ventas de tierra que conocemos con el nombre de desamortización, aunque propiamente haya que enunciarlo en plural, pues son varios los procesos que, a lo largo del siglo, se suceden y varias las instituciones afectadas. En esencia, la desamortización es una enorme transferencia de propiedad, la mayor que se haya efectuado en la historia de España, con dos propósitos fundamentales: sanear la maltrecha Hacienda pública y crear una clase social de propietarios que serían el principal apoyo del régimen liberal. Ligado el proceso desamortizador iniciado en 1834 a la figura del ministro Juan Alvarez Mendizábal, la intención de éste era «crear una copiosa familia de propietarios, formada tanto por capitalistas y hacendados como por labradores aplicados y jornaleros con alguna esperanza o con la protección de algún ser benéfico». Los decretos desamortizadores de 1835 a 1837 pusieron en venta miles de hectáreas de tierras pertenecientes a conventos, congregaciones o colegios extinguidos tanto del clero regular como del secular, así como los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de las comunidades religiosas que también se venderían en pública subasta. Este proceso de nacionalizaciones y subastas públicas constituye la llamada desamortización eclesiástica.
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La remodelada plazuela de la Merced, con el edificio del Instituto y de la parroquia de Santa María del Prado, pertenecientes a la Orden de la Merced, y el edificio de la Diputación Provincial.
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Pero hay otro posterior proceso desamortizador de especial incidencia social que es el iniciado en 1855 por el ministro Pascual Madoz. En ambos procesos, los beneficiados no fueron esa clase de propietarios medios que Mendizábal quería formar, sino los que ya eran propietarios, a los que se sumaba la burguesía y especuladores, ávidos de aprovechar la ocasión que se les ofrecía. En provincias como la de Ciudad Real, la desamortización eclesiástica benefició a los terratenientes de la región, a la burguesía de funcionarios y clases profesionales instalados en la capital o en poblaciones importantes o a los especuladores de Madrid. La mayor parte de las figuras representativas en el Gobierno, en las alcaldías o en los escaños de las Cortes de la región manchega fueron compradores de bienes desamortizados. Por citar un solo ejemplo, Agustín Salido, que pasaría a la historia de Ciudad Real como un magnífico gobernador, aparte de diputado a Cortes por el Partido Moderado en 1843, 1844, 1850 y 1857, había comprado bienes desamortizados en las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca.
Por lo que hace a regiones como La Mancha, el proceso desamortizador de 1855 tuvo excepcional importancia y explica numerosas realidades económicas y otros tantos comportamientos sociales y políticos. Téngase en cuenta que las leyes de 1855 provocaron la enajenación en la provincia de Ciudad Real de nada menos que 615.837 hectáreas. En 39 de los municipios de la provincia la cantidad de tierra subastada superó el 20 por 100 de la superficie total y en 15 de los mismos dicha cantidad de tierra en venta superaba el 50 por 100 de su extensión. Las fincas pequeñas fueron compradas generalmente por personas residentes en la provincia y las grandes lo fueron por auténticos especuladores, que muchas veces las adquirían como testaferros de los auténticos compradores, en muchos casos figuras prominentes de la nobleza o de la burguesía madrileñas. Esas tierras pertenecían fundamentalmente a bienes de propios de los pueblos, de ahí la incidencia social y el hambre de tierra que su venta originó, concentrándose su propiedad en muy pocas manos. Uno de los mejores conocedores del tema, Francisco Quirós Linares, escribe que <
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El Portapaz procedente del Convento de Uclés, de la Orden de Santiago, que pasó tras la desamortización a la Iglesia de Santa María del Prado. Era una pieza bizantina del s. XI enmarcada en el XVI.
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Las consecuencias iban a ser de muy largo alcance. El hambre de tierra sería una de ellas, si no la más dramática y exigente. Ni las guerras carlistas del siglo XIX se explican en esta región sin el trasfondo del drama social causado por la nueva propiedad de la tierra tras la desamortización, ni tampoco crisis más cercanas y cruentas como la guerra civil de 1936. En 1933 escribía, a este respecto, un gran historiador nacido en esta provincia, Carmelo Viñas Mey: «Así se forja la servidumbre económica de los pueblos españoles respecto a sus terratenientes respectivos. Y surge esa dualidad en que radica la estructura, económica y social, la vida política, la fisonomía total de nuestros pueblos; de un lado, la figura del terrateniente, de los primeros contribuyentes -alcaloide del fenómeno político social del caciquismo- y de otro, el vecindario, ligado principalmente por el lazo de la tierra a la dependencia jurídica, económica, integral respecto de aquéllos.» Una característica sociedad de hacendados y jornaleros, de ricos y pobres.
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El antiguo convento desamortizado de San Francisco, convertido en hospicio. (Dibujo de Vicente Rodrigo, 1900.)
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Mucho menos estudiada está la desamortización urbana, es decir, la venta de edificios de conventos, casas de congregación u otras dependencias urbanas de instituciones eclesiásticas o civiles afectadas por los decretos desamortizadores. Y no es que no tenga una gran importancia. Por los datos de que disponemos, por ahora, parece que su venta representó entre un tercio y un cuarto del total de los bienes vendidos. «La primera conclusión que se extrae del resumen de todos los datos provinciales -escribe Germán Rueda- es el alto número de fincas del clero afectadas por la desamortización, nada menos que 45.000 fincas urbanas, que sin duda alguna revolucionaron el mercado urbano, posibilitando el acceso a la propiedad de un gran número de compradores y dando origen al inicio de una profunda transformación de las ciudades españolas. Según los datos recogidos por Madoz en su Diccionario, en la provincia de Ciudad Real se desamortizaron 98 edificios del clero regular y 196 del secular, de los cuales se vendieron, respectivamente, 82 y 41, suponiendo los primeros una cantidad de 5 millones de reales y los segundos de 600.000. En el capítulo sobre Geografía, Félix Pillet se refiere a algunos de los edificios desamortizados que, en su mayor parte, lo habían sido durante el Trienio liberal, aunque luego saliesen a la venta como consecuencia de las leyes de Mendizábal, si bien se vendieron muy pocos, ya que, al menos en la capital, varios de ellos se dedicaron a centros sanitarios, de beneficencia o de enseñanza. Así el convento de los Carmelitas, vecino a la puerta del Carmen, fue dedicado a hospital provincial y posteriormente a manicomio; el de San Francisco, que era el convento más antiguo de Ciudad Real, fundado en 1263, permaneció tras algunas reformas como hospicio; hoy la plaza donde se eleva el nuevo edificio del Hogar Provincial continúa llevando el nombre de San Francisco. El convento de San Juan de Dios, en la calle Dorada, se dedicó a la Escuela Normal y el de la Merced a Instituto de Segunda Enseñanza. Por lo que hace a la desamortización municipal de 1851 y a la civil de 1855, concluye Félix Pillet que « no tuvieron incidencia importante en la ciudad, a excepción de algunas casas pertenecientes a los conventos y algunas tierras».
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